Respuesta de John Lingelbach al comunicado de prensa de BAN

"La Red de Acción de Basilea (BAN) ha publicado un segundo informe en el que presenta información derivada de sus actividades de seguimiento por GPS. Al igual que el primer informe de hace un año, este informe nombra a los recicladores de productos electrónicos y deja al lector casual suponiendo que cada reciclador nombrado es cómplice de la exportación ilegal (parte de una "cadena de exportación", como dice BAN).

Los rastreadores GPS pueden ser una herramienta eficaz para identificar posibles infracciones que justifiquen una mayor investigación. Sin embargo, los rastreadores GPS por sí solos no proporcionan información suficiente para acusar a un reciclador ante el tribunal de la opinión pública por complicidad en exportaciones ilegales.

BAN lo sabe. Sin embargo, hace caso omiso de sus propios consejos, como señala en su informe de septiembre de 2016: "La presencia de cualquier empresa concreta que figure como parte de una "cadena de exportación" por sí misma no es un indicador de comportamiento irresponsable."

No es sorprendente que BAN base sus acusaciones únicamente en la información de seguimiento por GPS. Los recursos que se necesitan para ir más allá y llevar a cabo una investigación exhaustiva de una instalación identificada por un rastreador son considerables. Y, sin embargo, ésta es la única manera de determinar el grado de culpabilidad, si lo hay, de un reciclador. Es irresponsable nombrar a recicladores en relación con rastreadores que viajaron al extranjero sin realizar tales investigaciones.

Incluso los "exportadores aparentes" (término empleado por BAN para referirse a la última instalación de Estados Unidos por la que pasó un rastreador) pueden no ser culpables. Algunos de los "exportadores aparentes" identificados en el primer informe hace un año no eran, de hecho, los exportadores. En cambio, vendían a compradores con sede en Estados Unidos, y algunos pueden haber creído -incluso después de un esfuerzo de buena fe en la diligencia debida- que sus envíos no serían exportados ilegalmente.

En su informe de septiembre de 2016, BAN describe "tres categorías principales de empresas" atrapadas en sus actividades de rastreo:

• En primer lugar, están "los que exportan voluntariamente" a pesar de saber que, dado el país de destino, el envío es ilegal y puede causar daños a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente.
• En segundo lugar, están "los que no son conscientes de la exportación que tiene lugar aguas abajo de su operación. Pero esta ignorancia puede deberse más bien a que no quieren saberlo, o no hacen lo suficiente por averiguarlo".
• En tercer lugar, están "los que han tomado todas las medidas y han hecho grandes esfuerzos para asegurarse contra la exportación [ilegal]. ... Sin embargo, este actor ético puede ser víctima inocente de un fraude por parte de un proveedor en el que confiaba".

El informe prosigue: "Por las razones expuestas, es imposible afirmar definitivamente que la mera aparición en la cadena de exportación signifique que la empresa es irresponsable o responsable". Efectivamente.

Entonces, ¿es la industria del reciclaje electrónico "una industria que con demasiada frecuencia vive en una mentira, cubriéndose de verde y utilizando la palabra "reciclaje" como un escudo vergonzoso", como se cita al director ejecutivo de BAN en su reciente comunicado de prensa? Bueno, hay algunos malos actores en la industria: empresas dispuestas a falsificar los registros de envío o quizá a llevar a cabo acciones como presentar a sabiendas a un reciclador anterior un "permiso de generador" de Hong Kong alegando que se trata de un "permiso de importación".

Sin embargo, después de cientos y cientos de horas investigando las "cadenas de exportación" -realizando visitas a las instalaciones; examinando conocimientos de embarque, facturas y otra documentación; comunicándose con el Departamento de Protección Medioambiental de Hong Kong; y trabajando con abogados especializados en derecho medioambiental internacional-, al personal de SERI le parece que la mayoría de los recicladores de productos electrónicos identificados en el informe de seguimiento de BAN que investigamos presentaban deficiencias en sus políticas y procedimientos, pero no tenían la intención, ni eran conscientes, de que se estuviera produciendo una exportación ilegal aguas abajo.

Una diligencia debida eficaz en las fases posteriores puede ser una tarea increíblemente ardua y, cuando hay fraude de por medio, puede resultar prácticamente imposible. Muchas empresas y auditores necesitan aprender más sobre lo que deben buscar y dedicar más tiempo a la revisión de su documentación. Lo mismo ocurre con la legalidad de las exportaciones. Por ejemplo, Hong Kong prohíbe por ley la importación de monitores que no funcionen, independientemente del tipo o de si contienen una sustancia peligrosa. Las empresas deben conocer a fondo los diferentes destinos.

BAN tiene una misión que incluye detener la exportación de residuos electrónicos peligrosos de los países desarrollados a los países en desarrollo. Es una misión buena e importante. Sin embargo, en lo que respecta al uso de rastreadores GPS, BAN muestra una voluntad de tirar al bebé proverbial con el agua del baño.

El daño causado a muchos buenos recicladores en pérdida de negocio y reputación es considerable. Y podría evitarse. Lo que se necesita junto con el seguimiento por GPS es un sólido trabajo de investigación. Lleva tiempo y recursos, pero conduciría a mejores resultados que, posiblemente, la industria podría respaldar."

John Lingelbach es director ejecutivo de Sustainable Electronics Recycling International (SERI), que administra la norma R2 de reciclaje de productos electrónicos.